Tu Airbnb era mi hogar. Bajo esa consigna se lanzaron miles a las calles en Barcelona para protestar contra los turistas e incluso agredirlos con pistolas de agua. Casi de manera simultánea en París, los empleados del Louvre estallaron en huelga por la excesiva carga de trabajo derivada de las multitudinarias visitas de turistas que se convierten en jornadas de trabajo saturadas e instalaciones en mal estado.
En el caso de España, la marcha contó con el apoyo de buena parte de la sociedad civil, especialmente de entidades sociales, culturales, sindicales, juveniles y vecinales entre las que destacan GOB Mallorca, Amics de la Terra, CGT, CCOO, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, la Obra Cultural Balear o Joventut x Clima-Fridays For Future Mallorca.
En los últimos meses, el gobierno de España a través de la Dirección General de Consumo envió tres resoluciones notificando a Airbnb que debía desactivar más de 65 mil anuncios, correspondientes a viviendas completas en varias regiones españolas.
Estas publicidades, según el Ministerio de Consumo, incurren en ilegalidades como no incluir el número de licencia de la vivienda o no especificar la naturaleza jurídica de los arrendadores, tal y como exige la normativa.
Los argumentos que respaldan las protestas son el aumento desmedido del alquiler que ha convertido barrios enteros en arrendamiento turístico.
Respecto a la crisis de Louvre, el presidente Emmanuel Macron lanzó en enero un plan de renovación de 10 años y hasta 800 millones de euros, que incluye una nueva sala para la Mona Lisa, accesos diferenciados y mejoras en los servicios. Pero para los trabajadores, ese futuro es demasiado lejano. “Nuestros equipos están bajo presión ahora. No se trata solo del arte, sino de quienes lo protegen”, argumentó Sarah Sefian, del sindicato CGT-Culture.
Pero al margen de la ineficiente respuesta de los gobiernos en ambos casos, llama la atención que sus ciudadanos decidan echar culpas y reclamar a los turistas –que son una de sus principales fuentes de ingresos– que a reclamar a sus gobernantes por la falta de gestión e inversión en vivienda y servicios.
Crisis Barcelona-París-Ciudad de México
¿Es posible que en pleno siglo XXI estas conductas xenófobas e irracionales estén teniendo lugar? Si, igual ha comenzado a suceder en México, en ciudades como la CdMx o en Mazatlán, entre otras donde sus residentes se quejan de la gentrificación de sus zonas de vida.
Se entiende y no se discute que esto pase. Lo cuestionable es que se decida atacar a los visitantes y no en exigir a los gobiernos políticas efectivas para gestionar esta dinámica social. Nos lanzamos a defender el status quo y la ineficiencia de gobiernos atacando a quien no está comprometido a solucionarnos.
Sería interesante que los lugareños pudieran digerir sus emociones y, eso sí, unirnos todos por mejores planes de vivienda y que los gobiernos comiencen por regular las plataformas de hospedaje.
Airbnb is pouring $10 million into our local elections to try to turn critical housing supply into short-term rentals, but we won’t let that happen pic.twitter.com/EWdzIro0qw
— Tenants Not Tourists (@TenantsFirstNYC) June 4, 2025
