En México, a fechas recientes, el poder público se ha vuelto experto en resolver problemas de discriminación estructural con un sistema de cuotas o paridad obligada: ¿Que las mujeres sufren violencia sistémica? Que haya cuotas en los cargos de elección popular. ¿Qué la población indígena ha sido históricamente discriminada? Que haya cuotas de representación.
La cuota indígena es un mecanismo que obliga a los partidos políticos a incluir un porcentaje mínimo de candidatos indígenas en sus listas electorales. Este porcentaje varía según la legislación específica de cada estado o región, pero generalmente se establece un mínimo para garantizar la participación política de los pueblos indígenas.
Si bien en México la distritación con perspectiva étnica estuvo disponible desde 2005, fue a partir de las elecciones de 2018 cuando se cristalizaron las acciones afirmativas aprobadas por el INE y confirmadas por el Tribunal Electoral, al estipularse una cuota de representación política para el Congreso en materia indígena.
De los 28 distritos indígenas en el país, los partidos tuvieron la obligación de postular en 13 a candidatas y candidatos indígenas para diputaciones federales, respetando el principio de paridad de género.
Hoy llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de origen mixteco y a quienes proclaman con gran alboroto como el primer ministro de origen indígena en llegar. “Ya nos toca” dijo el hoy ministro electo.
Y si bien se trata de una gran noticia en un país donde la discriminación y el maltrato a la población indígena es notable, la realidad es que ¿en verdad les tocó a los indígenas de a pie?
Por lo pronto, Aguilar ha enfrentado el cuestionamiento de pueblos originarios que lo señalan por burocratizar despojos con megaproyectos de la 4T y silenciar a víctimas de acoso. “No nos representa”, denuncian en entrevista vía Proceso.
Son varios los que en Morelos, Oaxaca y la Península de Yucatán expresaron que si bien Aguilar Ortiz tiene una trayectoria previa como activista ciudadano y defensor indígena, a partir de su incorporación al gobierno, primero con el entonces gobernador de Oaxaca Gabino Cué y luego con Andrés Manuel López Obrador en el gobierno federal, legitimó desde el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) —junto con su titular Adelfo Regino— despojos e imposición de los megaproyectos a los que AMLO dio prioridad en su sexenio, como fueron el Corredor Interoceánico y el Tren Maya.
Incluso ha sido acusado, como cualquier otro hombre blanco con poder, de silenciar denuncias de acoso sexual contra compañeras.
¿De verdad ya les tocó a los pueblos indígenas o será como el “llegamos todas” con las mujeres?
Gracias hermanas y hermanos por acompañarme en este camino.
Este 1 de junio:
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✍🏽 Escribe el 3️⃣4️⃣ o subrayen mi nombre, Aguilar Ortiz Hugo.Votemos por una justicia real, verdadera y con enfoque intercultural.#YaNosToca llegar a la Corte. #SCJN pic.twitter.com/Js4cvTjJJZ
— Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) May 29, 2025
