Vamos contra los mismos de siempre… para ser ahora nosotros los de siempre. Esta frase no viene a cuento por ningún evento nacional sino por la reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador.
El presidente del vecino país logró permanecer por un periodo más en el poder tras haber dado un autogolpe al Poder Judicial para lograr modificar la Constitución, que lo imposibilitaba a gobernar sin un compás intermedio entre ambas gestiones.
Durante las elecciones recientes para los 60 lugares de la Asamblea Legislativa se señalaron múltiples anomalías, e incluso la oposición ha llamado la atención por una “evidente mayoría de vigilantes del oficialismo y la imposibilidad de modificar el carácter válido o nulo de los votos”, los cuales se están cargando de manera favorable para el grupo del presidente, anulando la posibilidad de que el congreso funcione como contrapeso del Ejecutivo.
Y si bien se puede alegar que el fin justifica los medios y que Bukele ha logrado limpiar el país de maras y violencia, se trata de un trueque de libertades y derechos por seguridad. Algo que los gobiernos deben garantizar per se, no a cambio de garantías individuales. Un intercambio que solo se logra en sistemas debilitados y tejidos sociales destruidos por violencia, inseguridad y pobreza.
Y nadie cuestiona las declaraciones del presidente salvadoreño sobre la imperiosa necesidad que tenía el país por disminuir la criminalidad. No obstante, el hacerlo no debería estar reñido con el debido proceso.
Bukele, la Mara y DH
Pasaron a ser un país controlado por la Mara a un país donde a la fecha se encuentra encarcelado el 1% de la población total y miles de ellos son inocentes, como ha sido señalado por diferentes organismos de derechos humanos y no ha sido desmentido por el mismo Bukele. Cabe señalar que ante esos cuestionamientos el presidente afirmó que todas las policías del mundo arrestan inocentes, como si esto aliviara a las familias de los mismos. Asimismo defendió que El Salvador tenga la tasa de encarcelamiento más alta en el mundo, al señalar que el país era «la capital de homicidios del mundo”.
Pero sí es posible tener resultados con apuestas apegadas a derechos. El ejemplo lo tiene Costa Rica, que ha apostado por la justicia restaurativa, con programas de reinserción social y no sólo crear cárceles enormes y encerrar de por vida, como hace el salvadoreño Bukele. Un modelo que da opciones más allá del encarcelamiento y que solo se aplica si todas las partes implicadas están de acuerdo. Sólo en 2022 se cerraron 2 mil 379 casos por justicia restaurativa, con un 98% de satisfacción de todas las partes. El 4 por ciento de los imputados volvió a reincidir en delitos durante los dos años de monitoreo que realiza el Poder Judicial. En Colombia, el porcentaje de los presos que vuelven a la cárcel por un nuevo delito es del 36 por ciento. En Chile, del 52.9% y en México ronda el 60% en delitos de robo.
¿Es posible combatir la impunidad y el crimen sin necesidad de destruir los procesos democráticos? Nuestros vecinos salvadoreños han entregado la democracia a cambio de paz. Al parecer, se han creído la falacia de que hay tiranías justas cuando se están quedando justo… con un tirano.
My full answer to the BBC:
Mi respuesta completa a la BBC: pic.twitter.com/41Thpx70SV
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 20, 2024
